La gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en Ecuador atraviesa un momento crítico, su estructura diseñada para el servicio público ciudadano ha terminado deteriorada por la ineficiencia y la incapacidad. Aunque las transferencias del Estado central hayan presentado problemas, han sido constantes. El bienestar en territorio se ha estancado mientras las nóminas crecen sin control.
Las estadísticas son reveladoras, según informes de ejecución presupuestaria, al 2024 el gasto destinado a obras y servicios básicos en los municipios representó, en promedio, menos del 39% de sus presupuestos totales. Esta cifra evidencia una realidad dolorosa, la mayor parte del dinero de los contribuyentes no se transforma en asfalto o agua potable, sino, se diluye en gasto corriente.
A esto se suma un preocupante retroceso en la transparencia. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, Ecuador apenas alcanzó 33 sobre 100 puntos, situándose entre los países con mayor opacidad en la región. La Contraloría General del Estado corroboró esta tendencia al determinar, solo en 2025, más de 300 informes con indicios de responsabilidad penal y glosas millonarias vinculadas a irregularidades en contratos municipales y subejecución presupuestaria, la cual llega a ser del 35% en varios cantones.
Frente a este escenario de «gastos excesivos y pocos resultados», la propuesta de ley económica urgente impulsada por el gobierno de Daniel Noboa no es solo necesaria, es un imperativo ético. La medida busca establecer una regla fiscal clara, los GAD deberán destinar obligatoriamente el 70% de sus recursos a inversión y obra pública, limitando el gasto corriente a un máximo del 30%. Aunque esta disposición ya se encuentra regulada en el artículo 198 del Cootad, su aplicación por parte de los GAD ha sido indiferente, perjudicando el desarrollo local y nacional.
El apoyo a esta reforma es fundamental para romper el ciclo de clientelismo político y obligar a los alcaldes y prefectos a optimizar sus administraciones y garantizar que los presupuestos institucionales se conviertan en infraestructura tangible. Es hora de que el presupuesto sirva a la gente y no a la burocracia.
Pablo Ortiz Muñoz
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