El 14 de febrero se conoció, en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, los informes técnicos del Ministerio de Economía y del IESS, respecto de la equiparación salarial y mejores condiciones para la jubilación del Magisterio ecuatoriano, conforme lo dispusiera la Corte Constitucional, como condición previa para que la Asamblea pueda ratificar estos artículos de la LOEI. Lamentablemente, se evidencia que no hay voluntad del gobierno para atender esta demanda constitucional de los docentes.
Según el régimen el impacto presupuestario para cumplir con las categorías escalafonarias es de USD 2.175 millones, lo cual no corresponde a la verdad, ya que, en la mesa técnica realizada por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, se precisó que se requieren USD 560 millones adicionales a lo establecido en el rubro existente de sueldos para el magisterio.
Dinero si hay, lo que falta es la decisión política gubernamental. Según el SRI la recaudación neta del 2021 fue de USD 12.794 millones, lo que significó un aumento de USD 1.267 millones en comparación al año 2020. Además, se prevé una recaudación de USD 1.979 millones para el año en curso. Vale precisar, como complemento, que en dicho informe de Finanzas no toma en cuenta lo que el gobierno va a recaudar por concepto de reforma tributaria que asciende a USD 700 millones, ni la venta del barril de petróleo a más de USD 90. La pregunta es ¿adónde va a parar la plata?
La Asamblea Nacional debe rechazar los argumentos del Ministerio de Finanzas y proceder a cumplir con la equiparación salarial que ha sido negada para el magisterio desde hace muchos años. El presidente Lasso, debe velar por los intereses populares y no por los fondomonetaristas. ¡La exigencia es justa, la lucha continúa!
Remo Cornejo Luque
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