La Asamblea Nacional se estrena con el tratamiento del polémico “Proyecto de Ley Orgánica para desarticular la Economía Criminal vinculada al Conflicto Armado Interno” que, con el carácter de urgente en materia económica, ha enviado al órgano legislativo el presidente de la República.
El proyecto busca afectar las redes económicas que financian las actividades del crimen organizado trasnacional, que han provocado una situación de inseguridad ciudadana nunca vista en el país; además, es uno de los principales problemas que ahuyenta la inversión, sin la cual es imposible reactivar la economía nacional, disminuir el desempleo y enfrentar los graves problemas sociales.
Este proyecto tiene claros objetivos económicos que deben lograrse en el marco del “conflicto armado interno”, que crea una situación extraordinaria que no se encuentra regulada solamente en la Constitución, sino, principalmente, en el Derecho Internacional Humanitario, que forma parte del “bloque de constitucionalidad” del ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Una de las bondades del proyecto de ley es que ha generado un debate nacional al menos en dos temas principales: el primero es si reúne o no los requisitos para ser considerado “urgente en materia económica”; el otro tema en discusión es si el proyecto es violatorio o no de la Constitución.
Otra bondad del proyecto es que deja expuestos a quienes defienden el derecho de los criminales, y se oponen a que los ciudadanos de bien y la fuerza pública tengamos un marco jurídico adecuado para ganarle la guerra al crimen organizado trasnacional y a la mafia política que lo representa.
Gustavo Ortiz Hidalgo
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