Funcionario fue destituido por el organismo, presidido por la alcaldesa, Patricia Picoíta, mientas hacía uso de sus vacaciones.
El Tribunal de Garantías Penales del cantón Loja aceptó una acción de protección presentada por el secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos del cantón Loja, Antonio Enrique Bermeo, devolviéndole el cargo.
Sentencia por escrito
Marco A. Rivera, abogado defensor, informa que la audiencia se cumplió el martes, 2 de agosto de 2022, y que se conoció la decisión el miércoles, 3 de agosto, mientras que por escrito se emitió el último jueves, 11 de agosto, y, a partir de allí, empiezan a transcurrir tres días para que se ejecutoríe.
Antonio Bermeo cuenta que viene trabajando como secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal desde el 23 de agosto de 2010, vía contrato, hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, luego, a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 lo hizo mediante un nuevo contrato de servicios ocasionales.
Nombramiento permanente
Y, es a partir de 2012, que le extienden un nombramiento permanente, cuya labor la venía cumpliendo hasta la actualidad. Dice que, en abril de 2022, solicitó a la alcaldesa, Patricia Picoíta, vacaciones, a partir del 23 de mayo hasta el 30 de junio, pedido que fue autorizado.
Pero, dos días antes del 23 de mayo, la alcaldesa le solicita documentos e informes respecto a su nombramiento como secretario Ejecutivo, habiéndolo hecho a eso de las 17:00 del viernes 20 de mayo, intentando hablar con ella, a las 19:00, sin que haya sido posible.
Acota que, como tenía el permiso de la autoridad, hizo uso de sus vacaciones, viajando a Alemania a atender asuntos familiares, pero, mientras estaba allá, la alcaldesa Picoíta convoca a una reunión del Consejo Cantonal para el 2 de junio, actuando como secretario, en su ausencia, el procurador Síndico que, según precisa, no es legal porque se debió nombrar un secretario ad-hoc perteneciente al mismo organismo colegiado autónomo.
No fueron convocados todos
Antonio Bermeo dice que no fueron convocados a la cita todos los integrantes del Consejo, especialmente de la sociedad civil, y que los llamaron vía celular y que ni siquiera firmaron la convocatoria porque nunca hubo por escrito.
“Y en el acta me proceden a destituir con otros puntos del orden del día”, expresa y agrega que, enterado de esta acción, desde Alemania remitió una carta a todos los concejales, donde les informaba lo sucedido hasta que, a mediados de junio, se nombra a su remplazo.
Dice que el 1 de julio se reintegra al trabajo, pero que encontró en su oficina a un nuevo funcionario y que ello le llamó la atención porque no tenía ninguna notificación, ni sumario administrativo, peor aún levantado proceso alguno, procediendo a ubicarse en el salón de reuniones para laborar, incluso marcó el reloj biométrico ese viernes, el lunes 4, martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de julio.
“El viernes 8, a eso de las 09:00, llegó la Policía Municipal, por orden de la alcaldesa, a mandarme sacando porque ya no soy nada y que la nueva secretaria es la doctora Apolo. A las 10:30 llega la alcaldesa y les dice a los servidores públicos que ya no soy funcionario y me saca del reloj biométrico. Es, a partir de las 12:00 de ese día que, al no tener dónde marcar, empecé a reclamar mis derechos”, expresa.
Solicita las razones del despido
Es el jurisconsulto, Marco A. Rivera, quien, mediante escrito, solicita a la alcaldesa dé las razones del despido de Antonio Bermeo, así como la acción de personal o notificación que él concluyó sus labores, remitiéndole el acta donde el Consejo terminó las relaciones laborales, así como el acta de designación de la nueva secretaria del organismo, que no tenía la firma de la alcaldesa, sino de la nueva funcionaria.
El abogado volvió a pedir explicaciones, sin embargo, se indicó que todo se había dicho ya, trasladando el reclamo a los tribunales de Justicia. Marco A. Rivera pide ahora que, caso de presentar apelación alguna de la parte demandada, la Sala Penal ratifique la sentencia de primera instancia porque, asegura, fueron violentados los derechos de Antonio Bermeo.
Organismo autónomo
El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos es una estructura organizativa conformada por representantes de la sociedad civil y del Estado, siendo su presidente el alcalde o alcaldesa. Dentro de este cuerpo se encuentra la secretaría Ejecutiva, con responsabilidades administrativas, financieras, operativas y técnicas.