Califica como un discrimen, racismo y que de comprobarse se castiga con cárcel y trabajo comunitario.
El jurisconsulto lojano, Luis Cuenca Medina, califica de desatinadas las declaraciones y causas por las cuales la prefecta encargada de Zamora Chinchipe, Lady Huerta Palacios, cesó en sus funciones a cuatro directores departamentales de libre nombramiento y remoción.
Titular viajó a Brasil
Lady Huerta, quien es la viceprefecta de la provincia amazónica, asumió como prefecta encargada el martes, 15 de marzo de 2022, luego de que el titular, Clever Jiménez Cabrera, viajara a Brasil a un evento.
La funcionaria justificó que dos de los cuatro funcionaros removidos: director de Obras Públicas y procurador Síndico, “no son de mi provincia” y que ella en campaña electoral ofreció que les daría la oportunidad a los profesionales de Zamora Chinchipe.
El profesional manifiesta que, al decir que son separados por no ser de Zamora Chinchipe, “violenta la garantía constitucional de la igualdad de todos los conciudadanos, hay una especie de racismo, hay una discriminación por el lugar donde han nacido los funcionarios”.
Acota que no se puede a estas alturas de la vida cuando hay un desarrollo garantista a nivel mundial de los derechos de los ciudadanos “que una autoridad, por más autoridad que se crea encargada, tome esas acciones con amplio discrimen, señalando que no compagina con ellos en razón que no han nacido en Zamora Chinchipe”.
Luis Cuenca Medina expresa que estas expresiones también son susceptibles de presentar una denuncia en su contra por el delito de odio porque se “expresa con claridad el odio que siente hacia las personas que no son de la provincia de Zamora Chinchipe, entonces, cualquiera de los afectados puede iniciarle una acción jurídica por el delito de odio, por racismo, por discriminación en situación de nacimiento”.
Cárcel y trabajo comunitario
Dice que, previo a emitir las declaraciones, la prefecta encargada debió asesorarse y que ahora, de comprobarse el delito de odio, la funcionaria no solamente tendrá que resarcir el daño psicológico causado a los afectados, sino también pagar con cárcel y trabajo comunitario o, en su defecto, dejar insubsistentes los oficios con que separó a los directores.
DÍGITO
Cuatro funcionarios fueron removidos de sus cargos por la prefecta encargada.