Es importante señalar que dentro de un Estado democrático existen mayorías y minorías, las que mediante el diálogo deben lograr consensos para la toma de decisiones, caso contrario la mayoría le corresponderá decidir por todos. Sin embargo, es necesario precisar que estas disposiciones tienen que estar enmarcadas dentro del ámbito jurídico, de otro modo estaríamos hablando de anarquismo y arbitrariedad.
Lamentablemente la institucionalidad en el Ecuador en estos últimos tiempos se ha visto afectada por un sinnúmero de intereses personales que a pretexto de ser temas políticos no miden las consecuencias jurídicas y de afectación a la fe pública que ocasiona. En la actualidad tenemos el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en donde aparentemente todo se vale, con la única finalidad de cumplir con ese “gran propósito” de designar a las autoridades de control, que es la causa del conflicto que se genera en este organismo.
Mayorías y minorías, no pueden pisotear el Estado constitucional, las autoridades que son electas por esos propios cuerpos colegiados están destinada a ejercer su función por un período fijo, y cuando exista incumplimiento de funciones la legislación ha previsto el control político, que está regulado para que la Asamblea Nacional pueda destituir a estas autoridades que incumplan la ley o sus funciones. El Ecuador no debe caer en una indiferencia de lo que sucede en las actividades institucionales y políticas, ya que ninguna autoridad tiene el derecho de mancillar la seguridad jurídica del país y la tranquilidad de los ecuatorianos. En las decisiones de las instituciones públicas no vale únicamente los votos de mayoría, puesto que, si eso pesa más que la Constitución y la Ley, muy pronto estaremos viendo como otros organismos cambian de autoridades cada vez que cambien las mayorías.
Daniel González Pérez
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