Se ratifica la millonaria multa de alrededor de 6 millones 800 mil dólares. Es de cumplimiento inmediato.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, ha emitido una resolución en el caso judicial entre el Municipio de Loja y la Empresa Safety Enforcement Seguridad Vial, dando la razón a esta última.
En consecuencia, el Ayuntamiento debe abonar la cantidad de $6,795,996.10 (seis millones setecientos noventa y cinco mil novecientos noventa y seis con 10/100 dólares de los Estados Unidos de América), correspondiente al justo precio por infracciones registradas y pagadas, incluyendo los intereses y multas del período de octubre de 2015 a diciembre de 2016, tal como lo establece la sentencia constitucional.
El mismo documento hace referencia a que el mismo juez que conoció la acción de protección debe hacer cumplir el valor estipulado.
Criterios
El exprocurador Síndico del Municipio de Loja, Luis Tapia, en una entrevista previa, recordó que el 6 de mayo de 2015 se suscribió un contrato entre la Municipalidad y la Empresa Safety, con la aprobación de 10 integrantes del Cabildo de ese entonces, incluidos el exalcalde José Bolívar Castillo, el ex vicealcalde y actual burgomaestre, Franco Quezada Montesinos. Como procurador Síndico figuraba Álvaro Reyes.
«La responsabilidad de aquellos que contribuyeron con los votos para la firma del contrato es tan importante como la de quien lo suscribe», sostiene.
El actual asesor Jurídico del Ayuntamiento, Luis Beltrán, recuerda que hay dos procesos en curso con Safety, uno en la Corte Constitucional, como un recurso extraordinario de protección establecido por la Procuraduría General del Estado.
Del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, recibieron la notificación que establece un acto de mandamiento de pago, aunque no especifica un plazo para su cumplimiento. «La decisión se toma por voto de mayoría, pero hay un voto salvado que establece ciertas particularidades», puntualiza. Recuerda que se nombraron dos peritos. En el primer caso, se ubicaron valores muy elevados de más de 13 millones de dólares, se solicitó un cambio y en el primer informe se mencionaba una deuda nula. Se presentó una apelación por parte de Safety y en el segundo informe se estableció el valor actual.
Alega que presentaron las observaciones correspondientes y que los jueces no tomaron la decisión de poner a consideración del perito para que se pronunciara con respecto a las observaciones.
«Se podría considerar como una violación al debido proceso, por lo que ya estamos trabajando en la presentación de un recurso extraordinario de protección con respecto al auto de mandamiento de pago emitido por voto de mayoría», recalca, y señala que están a la espera de que la Corte Constitucional conozca el proceso y lo resuelva, ya que consideran que no se debió haber aceptado el recurso en la Corte de Quevedo.
CLAVE
Hay otro proceso en marcha en la Corte Constitucional, es un recurso extraordinario de protección esablecido por la Procuraduría General del Estado.