Juzgar legalmente a un menor de edad como adulto dentro de un proceso judicial no es la solución, es ahondar más el problema que vivimos actualmente en nuestra sociedad.
Si bien la crianza y educación dependen de cada hogar, siendo los padres de familia el principal responsable de esto, la sociedad a través del Estado Ecuatoriano también es responsable de brindar los espacios adecuados como son la educación y la seguridad ciudadana, lastimosamente hoy existe una limitante muy marcada para poder utilizar estos servicios.
Los problemas en la dinámica familiar, los continuos hechos de violencia intrafamiliar, la naturalización de la violencia, y la imposibilidad de generar recursos económicos de manera honesta son factores predisponentes para la delincuencia juvenil.
En lo que va de 2025, se han detenido 1.179 menores de 18 años de edad, cometiendo algún tipo de delito. En 2024 fueron 2.277, de estos, 73 fueron detenidos por cometer delitos contra la vida.
Debemos entender que el cuidado, la protección, educación y apoyo de los menores son en gran medida responsabilidad de los adultos.
En la actualidad, la legislación establece lo que es la justicia juvenil, la cual abarca los métodos, normas y trámites que se aplican al castigar a un menor que comete un delito. Su objetivo es promover la recuperación del joven y su integración social en lugar de imponer castigos, mediante alternativas. Sin embargo, estas medidas no reciben el apoyo necesario, ya que hay escasez de personal, limitaciones en el presupuesto y una formación inadecuada para los agentes de justicia, lo que impide un uso correcto de estas opciones.
La clave está en fortalecer la rehabilitación y reintegración familiar, ofreciendo auténticas oportunidades de tratamiento que no solo se enfoquen en los jóvenes, sino que también aborden a todo el entorno familiar.
El momento que entendamos que la prevención es fundamental, generaremos los cambios que deseamos.
Luis Fernando Pilco P.
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