Dice que la demanda debió canalizarse por la vía civil y no constitucional y que el Municipio, en el período de la alcaldesa Picoita, no acudió a audiencia y presentó a destiempo una apelación.
“El control de los límites de velocidad en el cantón Loja mediante fotorradares nació viciado”, manifiesta el concejal, Iván Ludeña Astudillo, al referirse a este tema que hoy cobra vigencia, luego que una perita del Consejo de la Judicatura informara que el Municipio no debe valor alguno a la empresa Safety.
Un contrato por cinco años
Todo inicia cuando se suscribió un contrato por cinco años, esto es del 5 de mayo de 2015 al 5 de mayo de 2020, entre el Ayuntamiento y la compañía Safety y que, el 6 de mayo, un día después de finalizado, el alcalde de ese entonces, Jorge Bailón Abad, dio por finalizado.
A partir de allí inició una batalla judicial entre las dos entidades. En mayo de 2022, la jueza de Quevedo, Jenny Patricia Freire Arias, al admitir una acción de protección planteada por la empresa, dispuso que el Municipio de Loja le cancelara alrededor de 12 millones de dólares. A renglón seguido, un perito, en un informe, estableció que el Municipio debía pagar a la compañía 13 millones 100 mil dólares.
Hasta que un nuevo peritaje, hecho público a fines de octubre pasado, señaló que el Municipio nada debe a Safety. Iván Ludeña opina que al tema fotomultas se lo tornó político, cuya intención, en su criterio, fue hacerle daño al alcalde de ese entonces, José Bolívar Castillo, pero no se dieron cuenta que el mal le hacían a Loja y al Municipio, sin medir las consecuencias.
Ludeña, quien ejerció también la concejalía en ese entonces y José Bolívar Castillo, la alcaldía, habla que se detectó que se habían sustraído, “en contubernio con Safety”, la clave de la Agencia Nacional de Tránsito, para subir al sistema las fotomultas, lo cual fue denunciado a la Fiscalía, pero que hasta el momento sigue en investigación.
Indica que luego Safety inició una demanda contra el Municipio por incumplimiento en el pago de unos valores, cuya cuantía la fijó en 12 millones de dólares. El proceso se ventiló en Quevedo y no en Loja, al haber suscrito acá el contrato.
Demanda civil y no constitucional
Según dice, la demanda debió canalizarse por la vía civil y no constitucional, siendo el origen del problema, sumado a ello que a la audiencia de Quevedo no compareció un representante del Municipio de Loja, en el período de la entonces alcaldesa, Patricia Picoíta Astudillo, para que defienda a la entidad y, al no haberse presentado, la Justicia le dio la razón a Safety y dispuso el pago de los 12 millones de dólares.
Al tiempo de manifestar que el sabotaje contra Loja por hacerle daño al exalcalde, José Bolívar Castillo, venía desde la administración municipal de Jorge Bailón Abad, Ludeña expresa que hubo la oportunidad de presentar un amparo constitucional, sin embargo, ese recurso, en el período de Patricia Picoíta, fue presentado a destiempo.
“Ventajosamente, la Procuraduría salió en defensa del Municipio y se acepta a trámite la apelación”, manifiesta Iván Ludeña y el proceso siguió adelante hasta que, finalmente, la perita del Consejo de la Judicatura informa que el Ayuntamiento no debe a la compañía valor alguno.
VOZ
“Se presentó una petición de nulidad del proceso ante el Tribunal Constitucional, en Quito, que está aceptada a trámite”,
Iván Ludeña Astudillo, concejal del cantón Loja