La modificación del calendario para elegir a los nuevos dignatarios de los GAD, cuya posesión está prevista para el 14 de mayo de 2027, viola no solo la Constitución y la Ley Orgánica Electoral, sino que además contradice el sentido común. Las elecciones se adelantan del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026, es decir, dos meses y medio. El pretexto del Consejo Nacional Electoral (CNE) son las posibles inundaciones derivadas del fenómeno de El Niño.
Por lo menos dos derechos constitucionales resultan vulnerados: la participación y la seguridad jurídica. El artículo 61 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, con todas las libertades y garantías de un sistema democrático. El artículo 82 de nuestra “norma normarum” establece que la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes.
La violación a la ley es burda, grosera y hasta torpe. El artículo 91 dispone que las autoridades seccionales “se posesionarán y entrarán en funciones el catorce de mayo del año de su elección”. Si deben posesionarse el 14 de mayo de 2027, las elecciones deben realizarse ese mismo año. Cualquier persona con un mínimo de criterio y lógica —menos los vocales de mayoría del CNE— concluirá que deben realizarse en 2027 y no en 2026.
Está claro que el problema no es el Niño ni la Niña ni ningún miembro de la familia de Poseidón (el dios griego del mar). En realidad, el CNE cumple una orden directa del gobierno de Daniel Noboa, que busca neutralizar a sus principales rivales políticos y protegerse de la impopularidad de posibles apagones antes del 14 de febrero de 2027. Estamos frente a un golpe artero y desvergonzado contra el Estado de Derecho y el sistema democrático ecuatoriano.
Gustavo Ortiz Hidalgo
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