El Decreto del presidente Guillermo Lasso levantó una cortina de humo, una distracción al problema de la inseguridad, no solo traslada el uso de la fuerza a la ciudadanía, sino que, lejos de invertir en equipamiento de seguridad para la fuerza pública, dice a la población civil que invierta para su cuidado.
Ahora bien, la falta de políticas criminales, materia que no entiende este Gobierno, los lleva a pensar que, la tenencia de armas otorgada a la ciudadanía, servirá para disuadir a la delincuencia que crece en nuestro país: craso error. La delincuencia organizada: de asaltos, extorsiones, secuestros y masacres carcelarias, vive en ese mundo, es experta y ha demostrado estar más capacitada y armada a veces que la misma policía.
Incitar a la población a introducirse en el ambiente de esa delincuencia letal que causa la inseguridad es apagar fuego con gasolina, es bañarse de decencia con incoherencia. Señor presidente, usted no entiende de seguridad, ni de política criminal, aparte a los asesores que le ofrecen esas sugerencias y busque otros.
No obstante, debemos aclarar que el decreto no permite el porte de armas libremente, se debe obtener un permiso luego de aprobar requisitos “rigurosos”, que, para variar, solo los podrán cumplir quienes tengan capacidad económica suficiente, no los de clase baja o media. Pero lo peor de todo, en la funesta comunicación del Gobierno, no señala que el porte de armas no otorga permiso para matar, lesionar o amenazar, eso sigue sometido a nuestra legislación penal y, si haciendo uso de su arma de fuego matan o lesionan, serán juzgados como cualquier delincuente.
Si quiere cambiar, empiece por educación, salud, trabajo, control a través de la fuerza pública, inclusión social es un mecanismo eficiente, no la exclusión. Tiene una tarea enorme y pendiente, empiece por algún lado, pero debe ser inmediato.
Marcelo Leonardo Aguilera Delgado