En medio del “conflicto armado interno” el presidente Noboa divide a la opinión pública ecuatoriana y trata de modificar la Constitución, por la vía de una simple enmienda, para que los jueces de la Corte Constitucional sean sujetos de enjuiciamiento político por parte de la Asamblea Nacional, y que su destitución solo requiera el voto favorable de la mayoría absoluta de los legisladores (un ministro de Estado necesita las dos terceras partes de esos votos).
Costó mucho tiempo y esfuerzo lograr que, al menos en el texto constitucional, se garantice la independencia judicial. Antes de la vigencia de la Constitución de 1998, la norma suprema disponía que era atribución del Congreso Nacional proceder al enjuiciamiento político de los “Magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, así como de los “miembros del Tribunal Constitucional”.
La Constitución de 1998 significó un gran avance en el ámbito de la independencia judicial. Si bien el Congreso Nacional mantuvo la atribución para enjuiciar políticamente a los “vocales del Tribunal Constitucional”, ya no podía hacer lo mismo con los “magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, quienes eran independientes en el ejercicio de sus funciones y solo estaban sometidos a la Constitución y la ley.
Con la Constitución de 2008 se garantizó la independencia no solo de la Función Judicial (justicia ordinaria) sino también de la Corte Constitucional, a la que se considera el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. Obviamente, no está sujeta a juicio político de la Asamblea Nacional.
Estamos claros que ningún servidor público está exento de responsabilidades en el cumplimiento de sus funciones. También reconocemos que en una democracia deben existir frenos y contrapesos para que ningún órgano o función del Estado concentre y abuse del poder. Cosa distinta es pretender someter a los jueces constitucionales al control político de una desprestigiada Asamblea Nacional. Esto no solo nos parece una aberración jurídica sino una clara muestra de que se busca herir de muerte a la independencia judicial, que es un pilar esencial del sistema democrático.
Gustavo Ortiz Hidalgo
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