El Municipio de Loja continúa esperando la sentencia de la apelación que, en diciembre del año pasado, realizó al fallo de primer nivel que la jueza de Quevedo, Jenny Patricia Freire Arias, dictó a favor de la empresa Safety Enforcement. Dicha sentencia obliga al Municipio a pagar cerca de 12 millones de dólares a la empresa, la cual es conocida en la localidad por haber realizado el control de los límites de velocidad mediante fotorradares.
Prácticamente han transcurrido cinco meses desde la audiencia de apelación pero no se conoce aún si se la acepta o no. El procurador síndico del Municipio de Loja, Luis Tapia Montesdeoca, señala que han realizado algunos trámites a fin de lograr que la sentencia ya sea emitida por la Sala Multicompetente de la provincia de Los Ríos. Deja en claro que esta instancia judicial, por ser única, tiene una carga laboral “sumamente extensa” y que por ello demora la sentencia. No obstante, expresa que han presentado escritos ante el Consejo de la Judicatura, pidiendo que se haga un seguimiento del proceso “esto con el fin de garantizar las actuaciones de los juzgadores por cuanto nosotros consideramos que la resolución de primera instancia es totalmente errada”.
Asimismo, dice que se remitió una petición a Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), para que se “resuelva de forma oportuna, de forma rápida, sobre todo ágil y veraz cumpliendo con los principios de imparcialidad, de independencia, de celeridad procesal” el caso. “Como Municipalidad hemos agotado todos los medios. Únicamente estamos a la espera de la notificación de esa sentencia”, expone, y añade que de persistir la demora o retraso injustificado, como entidad iniciarán otro tipo de acciones “a efecto de la que la sentencia sea pronunciada en el menor tiempo posible”.
CLAVE
El 2 de diciembre de 2021 se realizó la audiencia de apelación a la sentencia a favor de Safety.