Una denuncia del medio digital La Posta sobre presuntos actos de corrupción en sectores estratégicos de la administración pública del gobierno, develó la presunta existencia del Gran Padrino, Caso Encuentro y otros que estarían involucrados con la mafia albanesa.
Como se trataba de un caso sensible para el régimen y muy apetecible para la oposición, a la velocidad de un rayo, a pesar de existir en la Asamblea la Comisión de Fiscalización y Control Político que investiga situaciones de esta naturaleza, se conformó una Comisión Especial, presidida por Viviana Veloz (UNES), cuyo objetivo era encontrar nexos de culpabilidad del Mandatario para llevarlo a juicio y buscar su destitución.
El pleno dio a esta comisión un plazo de 30 días. Cumplida la fecha les dieron 10 días más para que completen su informe y, el 4 de marzo, con aires de triunfo que rayaba en frenesí, tenían el documento en el que “encontraron” tres causales para defenestrar del cargo a Lasso: traición a la patria, atentado a la seguridad del Estado y delitos contra la administración pública. Sin embargo, antes de informar y recibir el apoyo de los 104 votos del pleno, ya se habían caído las dos primeras, quedando la tercera.
Ante los errores que se evidenciaron desde el inicio, Esteban Torres (PSC), con voz ceremoniosa y severa dijo que para redactar el documento que iría al CAL y luego a la Corte Constitucional, se harían asesorar por connotados abogados y constitucionalistas. El resultado ha sido un fiasco pues, errores de fondo persisten y ese escrito sigue dando de qué hablar por su carencia de legitimidad jurídica.
El juicio político al primer mandatario o a cualquier funcionario es un derecho constitucional y si del mismo se desprende la culpabilidad del enjuiciado, deberá dejar el poder. Sin embargo, habrá que preguntarse si los interpelantes, en caso de juicio, tendrán la calidad ética, académica y democrática para sustentarlo.
En la otra orilla, el señor Leonidas Iza, por el momento, debe caminar por la sombrita porque, entre el montón de amnistiados del año pasado, no consta su nombre por otro error de los asambleístas, con el número de su expediente.
Darío Granda Astudillo
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