Se empieza un mes en el que la incertidumbre agobia a los servidores públicos, especialmente para los contratados y para aquellos con nombramiento provisional. Su continuidad laboral se ve comprometida por el cambio de las autoridades a nivel seccional, por lo que su permanencia dependerá de la voluntad de quien llegue a administrar.
Digo voluntad y no por decisiones apegadas a la ley en vista de que cada cambio de autoridades es un nuevo episodio de la administración pública caracterizado por causas judiciales iniciadas por servidores públicos que son desvinculados por razones ideológicas antes que jurídicas, por la desconfianza que se superpone al rendimiento laboral.
Estas decisiones serán impugnadas en sede judicial, y a la justicia le corresponderá observar y aplicar lo que obvió la administración pública. En esa línea, espero que los nuevos dignatarios respeten el marco jurídico, decidan con la Constitución y la ley en la mano, y se empapen de cada modalidad laboral.
Deben considerar que la renovación sucesiva de contratos de servicios ocasionales provoca una necesidad institucional permanente, por lo que se debe llamar a un concurso de méritos y oposición; que revisen cada nombramiento provisional y consideren que algunos de ellos tienen cierta temporalidad, por lo que debe acaecer un hecho determinado para que se dé por terminado, y que los nombramientos definitivos terminan con la desvinculación de un funcionario luego de la tramitación de un sumario administrativo. Por último, que los cuerpos de seguridad ciudadana y orden público tienen su régimen laboral propio.
Carlos Orellana Jimbo
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