Los tributos son una fuente generadora de ingresos para el Estado, correspondiendo a la función ejecutiva realizar propuestas de ley con respecto a su creación, modificación y extinción. En el ejercicio de esa potestad, el gobierno central propone modificar el impuesto a la renta a través de la Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar; un título atractivo para la sociedad, aunque técnicamente probable.
Este impuesto se calcula, explicando en términos muy generales, con una operación aritmética que consiste en sumar los ingresos y restar los gastos, para luego aplicar una tarifa o porcentaje impositivo. El resultado de esta operación puede variar dependiendo del monto fijado para la deducción de los gastos; así que, a mayor gasto deducible, menor el importe del impuesto a pagar.
Con esa lógica, esta reforma tributaria propone modificar el techo de los gastos deducibles, ampliándolo de $5. 344,08 a $ 15. 294. Esto claramente va a trastocar la base imponible del impuesto a la renta, beneficiando al contribuyente en función a sus cargas familiares en vista de que mientras mayor sea el número de cargas familiares, mayor será el techo para la deducción de gastos personales. De esta manera, el gobierno aspira a que los hogares eroguen menos tributos y dispongan de más recursos.
Por último, surge preguntarnos ¿El beneficio de esta reforma será tangible o no para el contribuyente? y ¿Contar con más ingresos para el hogar se traducirá en mayor consumo? Las respuestas a estas preguntas permitirán medir la incidencia de esta reforma tributaria en la economía del país.
Carlos Orellana Jimbo
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