Tanto el Gobierno, como el sector indígena debe ceder posturas para llegar a acuerdos.
En Ecuador se vive la segunda semana de movilización impulsada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), esto mientras existe un estado de excepción vigente que prohíbe aglomeraciones en Pichincha, Cotopaxi e Imbabura; y que la Asamblea analiza la declaratoria.
Es sabido que, a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19 se generó una profunda recesión que provocó un repunte de la pobreza. Crisis que amplificó los desequilibrios macroeconómicos que el país estaba intentando subsanar desde el fin del boom de los precios del petróleo.
Criterios
El razonamiento del analista político, Jorge Ochoa Astudillo, es que la protesta social demuestra que el Gobierno mantiene “pendientes” con la atención y solución de demandas sociales, lo cual en el desarrollo de las marchas se complejiza y se evidencia con un sesgo de racismo, xenofobia y fascismo no superado desde otros sectores.
“Por su lado, el llamado al diálogo se trunca permanentemente con las acciones ejecutadas por el mismo Gobierno, que sin la aplicación del Debido Proceso ha incurrido en transgresiones a los derechos colectivos y personales, con el control del orden o la emisión de decretos borrador”, insta.
Desde este punto, Ochoa considera que no se puede ser indolente con la actitud y decisión de la gente que se manifiesta, “la protesta social no es caprichosa, sino un efecto que el mismo Estado genera cuando hay una mala aplicación de Poder sobre el pueblo al que gobierna”, sostiene.
El analista político, Daniel González Pérez, lamenta que luego de varios años se vuelvan a dar este tipo de movilizaciones, “aunque el derecho a la resistencia es constitucional, pero no se puede confundir con acciones vandálicas, ni tampoco el Gobierno puede generalizar”, menciona.
Recuerda que desde hace varios meses el sector indígena tuvo planteamientos, pero no llegaron a acuerdos y por eso cree que se van sumando más sectores. “El Gobierno debe abrir las puertas si quiere un diálogo y enfrentar las problemáticas. Debe dejar de ser un Gobierno ciego y sordo a las propuestas”, insiste.
Califica como un error haber detenido a Leonidas Iza, presidente de la Conaie, de tomarse de forma violenta la Casa de la Cultura, los decretos de estado de excepción y tratar de limitar lo que no puede.
Sobre los 10 puntos que plantea la Conaie, González, cree que son debatibles y que para eso se debe trazar una hoja de ruta.
Carlos Chalaco Armijos, activista político, califica como una crisis institucional y de Gobierno, “debilidad que no le permite acertar con medidas en materia económica, que no soluciona la crisis del país, y eso le permite a la ciudadanía tomar fuerza”, puntualiza.
Habla también que existe un frente político en contra de la Asamblea y los escasos resultados en materia económica, considerando que cuando fue candidato el ahora Mandatario, Guillermo Lasso, generó demasiada expectativa de lo que hasta ahora ha podido hacer.
También descalifica la acción de haber apresado al presidente de la Conaie, porque eso avivó las confrontaciones, “Lasso viene tomando malas decesiones y por eso se va desgastando”, adiciona y dice que por eso la propuesta de diálogo que propone no tiene credibilidad.
En cuando a las últimas medidas que tomó el Gobierno, Chalaco considera, que son desesperadas y que se muestra que no hay ideas, sino improvisación; además, porque habría todavía gente del ‘Correismo’ infiltrada en sus filas.
LA VOZ
“El escenario se va complicando. El Gobierno no debe minimizar las protestas y no puede dejar de reconocer a las organizaciones”.
Daniel González Pérez, activista político
“Es un Gobierno sin salidas, con ministros bastante débiles sin capacidad de gestión. Se puede resolver con un diálogo abierto a ceder”
Carlos Chalaco Armijos, activista político
“Con las protestas subidas de tono, el llamado a consensuar o mediar no le corresponde a ninguna de las partes, sino un tercero imparcial. Caso contrario será una confrontación interminable de dos fuerzas no doblegables”
Jorge Ochoa Astudillo, analista político
CLAVE
En la provincia de Loja en los sectores de San Lucas (Loja) y Saraguro se mantienen en la lucha.