Cada vez que una institución deja de actuar con autonomía para convertirse en un instrumento del poder de turno, la República pierde un poco de sí misma. Lo preocupante no es únicamente la cancelación de un movimiento político. Lo preocupante es la reacción que suele provocar: unos aplauden porque el afectado es su adversario; otros protestan porque hoy les toca a ellos. Pocos parecen preguntarse qué ocurre con las reglas que sostienen la convivencia democrática.
La democracia nunca ha sido simplemente votar. Una democracia madura exige instituciones capaces de limitar el poder, incluso cuando ese poder representa nuestras propias preferencias. El verdadero compromiso democrático se pone a prueba cuando defendemos los principios que benefician también a quienes piensan distinto.
En Ecuador hemos normalizado una peligrosa lógica de revancha. Si antes ocurrió, ahora también está permitido. Si ayer lo hicieron unos, hoy lo justifican otros. La justicia deja de ser justicia y se convierte en una balanza que se inclina según quién la sostenga. La institucionalidad deja de ser un límite al poder para transformarse en una herramienta del poder.
Una república no se construye sobre afectos políticos. Se construye sobre reglas que sobreviven a los gobiernos, a los liderazgos y a las pasiones del momento. Cuando las instituciones dependen del rostro que ocupa el poder, dejan de ser instituciones y se convierten en extensiones de una voluntad política.
Ese es, quizá, uno de los mayores déficits de nuestra cultura democrática: confundimos la defensa de una persona con la defensa de la democracia. Celebramos los excesos cuando favorecen a nuestro bando y los denunciamos únicamente cuando nos perjudican. Mientras no entendamos que la institucionalidad debe proteger incluso a quien no comparte nuestras ideas, seguiremos atrapados en un ciclo interminable de vencedores y vencidos. Y una nación donde las instituciones cambian de dueño con cada elección nunca termina de convertirse en una verdadera República.
Pablo Ruiz Aguirre
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