El gobierno de Noboa es un fracaso total. Bajo el eslogan de la “guerra contra el crimen”, se normaliza estados de excepción, extiende la militarización y provoca un sistemático debilitamiento de las garantías constitucionales básicas.
La violencia que desangra al Ecuador no se explica únicamente por la acción de las bandas criminales; esa lectura simplista oculta la responsabilidad directa del Estado. Mientras los homicidios y extorsiones se multiplican, crecen las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, abusos militares y tratos crueles en las cárceles. La tragedia de los cuatro niños de Las Malvinas es un doloroso ejemplo de esta realidad.
La estrategia oficial responde a una lógica clara: presentar todo conflicto social como una amenaza al orden. La protesta deja de ser un derecho para ser tratada como delito, y la dirigencia popular es colocada en el tablero del «enemigo interno». Es el reciclaje de la vieja doctrina de la seguridad nacional con marketing moderno.
Esta ofensiva autocrática se ejecuta en múltiples frentes. El congelamiento de cuentas bancarias a líderes indígenas y de la UNE, funciona como un castigo económico para estrangular la movilización. El régimen busca desmantelar cualquier espacio de oposición.
Incluso el aparato penitenciario se utiliza para doblegar opositores. Casos como el de Aquiles Álvarez muestran el uso de la prisión como herramienta política, mientras que la situación de Omar Campoverde evidencia la aplicación de tratos degradantes. La muerte de Monika Silva confirma la indefensión de quienes denuncian la corrupción.
En un país fracturado por la pobreza y el abandono, la inseguridad no se resuelve con soldados en las calles. La violencia criminal se nutre de la descomposición social, pero la violencia estatal la profundiza. Noboa no combate las causas del problema; administra las consecuencias con represión. La verdadera seguridad se construye garantizando derechos y con participación popular.
Remo Cornejo Luque
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