En un Estado constitucional, las elecciones no son un acto administrativo ordinario. Constituyen el mecanismo mediante el cual el pueblo ejerce su soberanía. Por ello, cualquier decisión que altere la dinámica o el calendario del sistema electoral debe ser observada con especial rigurosidad jurídica.
El organismo responsable de administrar los procesos electorales, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, no solo posee competencias legales, sino una responsabilidad institucional superior: proteger la confianza pública en la transparencia del sistema democrático.
La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 82 el principio de seguridad jurídica, que exige la existencia de normas claras, previsibles y aplicadas por autoridades competentes. En materia electoral, este principio implica que las reglas del proceso democrático no pueden ser alteradas sin una motivación sólida, objetiva y plenamente justificada.
A su vez, el Código Orgánico Administrativo del Ecuador establece que todo acto administrativo debe encontrarse debidamente motivado, es decir, sustentado en hechos verificables, normas aplicables y una relación lógica entre ambos. La motivación no es una formalidad retórica; constituye una garantía fundamental contra la arbitrariedad del poder público.
Cuando las decisiones institucionales se adoptan con premura o sin una explicación suficientemente clara para la ciudadanía, el riesgo no es únicamente jurídico. También es político e institucional, pues la confianza en el árbitro electoral es uno de los pilares sobre los cuales descansa la estabilidad democrática.
La democracia exige transparencia, prudencia institucional y respeto absoluto por las garantías constitucionales.
En Castillo Law Firm – Legal Strategy & Litigation mantenemos una convicción inquebrantable: la defensa del orden constitucional y de la seguridad jurídica no admite silencios ni complacencias. Por ello, continuaremos siempre en defensa de la garantía constitucional.
Frank Castillo Ramírez
@Frankeditson