Luego de la primera vuelta electoral de este 2025, y a partir de las declaraciones del asambleísta Xavier Lasso de “trabajar una Ley de Comunicación”, han circulado preocupaciones porque se recuperaría un espíritu sancionador y controlador de la presa, radio y televisión.
Aunque se comprenda que imponer una norma opuesta a los tratados internacionales genere alarma, también es cierto que hay que debatir cómo abordar la concentración de las plataformas de redes sociales o la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa, entre otros temas que marcan las agendas de regulación mediática.
El propósito de las leyes orgánicas es proteger los derechos fundamentales, por ello el ejercicio de la comunicación debe contribuir a la promoción humana. Además, la irrupción tecnológica exige que haya revisiones constantes para aprovechar nuevas herramientas o evitar que sus efectos restrinjan la libertad de expresión.
¿Los ecuatorianos tienen mínimas condiciones para recibir información o emitir sus opiniones? ¿Todo el territorio nacional recibe señales analógicas y digitales de comunicación? ¿Las personas tiene suficientes competencias para un consumo mínimamente crítico de los mensajes que circulan a través de las redes sociales? ¿En qué ayudan los medios públicos a atender las necesidades de los habitantes? ¿Ante quién y cómo pueden los ciudadanos pedir reparaciones por mensajes falsos que les afecten?
Como las anteriores, hay más preguntas cuyas respuestas tardan en llegar, y sorprendentemente estas ausencias configuran un incumplimiento de la Constitución porque no se ampara el derecho a la comunicación.
Tal vez la inquietud no debe ser una nueva ley mordaza, sino cuestionarse cómo no seguir alejando a las personas de una comunicación de calidad, de lo contrario la brecha entre info ricos e info pobres continuará.
Abel Suing
arsuing@utpl.edu.ec