El conflicto diplomático entre Ecuador y México inicia con las reiteradas declaraciones del presidente López Obrador con relación a la situación política ecuatoriana, que implica la violación de un principio fundamental del Derecho Internacional, que dispone que ningún Estado tiene derecho a intervenir, sea cual fuere el motivo, en los asuntos de cualquier otro.
López Obrador llegó al extremo de afirmar que el asesinato de Fernando Villavicencio fue organizado para impedir que la candidata del correísmo triunfe en las elecciones presidenciales. Inclusive, llegó a la brutalidad de insinuar que el actual presidente, Daniel Noboa, fue el beneficiario del magnicidio que enlutó a la democracia ecuatoriana (luego dijo que Noboa era fascista).
Para colmo, violando las convenciones sobre asilo diplomático (Montevideo,1933; y Caracas, 1954), que protegen a perseguidos políticos, anunció el otorgamiento del asilo político a Jorge Glas; que es un delincuente común, con dos sentencias ejecutoriadas y que, en su condición de prófugo, estaba escondido en la Embajada de México en el Ecuador.
El allanamiento a dicha Embajada es una clara violación a la Convención de Viena (1961). Desde el punto de vista jurídico, la decisión del presidente Noboa no tiene justificación; no obstante, las circunstancias políticas nos obligan a defender los intereses nacionales y a condenar las groseras agresiones al Ecuador por parte del presidente mexicano.
Gustavo Ortiz Hidalgo
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