Salvo los recalcitrantes inspiradores de la estructura institucional para imponer un modelo totalitario (socialismo del siglo XXI) defienden la parte orgánica de la Constitución de 2008. Es evidente que el caos en la designación de las autoridades de control y en el sistema de justicia es generado por dos engendros que, tarde o temprano, deberán desaparecer. Se trata del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y del Consejo de la Judicatura (CJ).
Los dos organismos citados le permitieron al correísmo concentrar todos los poderes o funciones del Estado, abusar de estos e institucionalizar la corrupción con la complicidad de los órganos de control. Por medio del ejercicio de sus facultades nominadoras el Cpccs y CJ pusieron al servicio del correísmo y su práctica corrupta al contralor general, fiscal general, procurador general, defensor público, defensor del pueblo, superintendentes, miembros del CNE, vocales del TCE, fiscales y jueces, tanto de la justicia ordinaria como de la Corte Constitucional. Los tentáculos del correísmo continúan enquistados tanto en el Cpccs y CJ. La misión de estos es muy clara: permitir el retorno del correísmo y su poder total, así como garantizarles impunidad vía anulación de sentencias o archivo de procesos penales. Solo el pueblo puede resolver este problema. El primero paso es evitar que la candidata del correísmo gane la elección presidencial. Luego, ya veremos…
Gustavo Ortiz Hidalgo
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