Mal olor se desprende del círculo cercano al presidente Guillermo Lasso por las actuaciones de sus consejeros ad honorem. A sus nombres se los relaciona con asuntos que se ventilan en la esfera del derecho penal. De tal forma, que más allá de aconsejar, hay entrometimiento en decisiones administrativas para sacar provecho personal.
Fueron más allá de sus tareas y se visibiliza su verdadero poder, que trasciende la función de recomendar al presidente, para injerir y valerse del aparataje institucional. Esto es perjudicial e innecesario porque si bien no perciben ninguna remuneración por la naturaleza de su cargo, sus actos repercuten en la actividad financiera del Estado por posibles actos de corrupción. Es decir, nos ahorramos sueldos, pero derrochamos recursos públicos por su vinculación con la corrupción.
El caso Danubio es la muestra de esta apreciación. La prensa de investigación y Fiscalía apuntan a demostrar que las sospechas son más que justificadas. Mientras Fiscalía, con mayor cautela, asegura que presuntamente se ha cometido un delito de asociación ilícita, los trabajos de la prensa de investigación se direccionan a corroborar un presunto caso de concusión.
Al final, es plausible que se haya eliminado dicha clase de consejerías, y que todos los cargos de cercanía con la presidencia estén sujetos a las leyes y reglamentos de la administración pública. No está de más mencionar, que la administración de justicia será aquella que nos confirmará estas sospechas bien justificadas y eliminará ese mal olor llamado corrupción.
Carlos Orellana Jimbo
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