Desafiando la crisis de gobernabilidad que vive el país, el presidente Guillermo Lasso ha reiterado su vocación democrática al afirmar que agotará todas las vías y canales legales para que el Ecuador tenga una buena Ley de Comunicación, que no afecte a los derechos ciudadanos y que beneficie al trabajo de los comunicadores sociales y de los medios.
Decisión que deja muy en claro su posición frente al proyecto de reformas de la Ley de Comunicación aprobada por la Asamblea Nacional, la misma que con argucias pretende convertirse en escudo para facilitar la protección de los corruptos. La Presidencia de la República está apurando “un análisis legal exhaustivo”, con el criterio de los periodistas y medios de comunicación del país para decidir el tipo de veto. Porque el veto se viene.
En su oportunidad, en una columna pasada, recomendábamos que ante la experiencia de la perversa “ley mordaza” a la que se pretende regresar, los medios de comunicación, gremios clasistas, la academia y el periodismo en general debían pensar, opinar, hablar exigiendo cambios en la nueva ley. Pocas fueron las voces que se levantaron para pedir que la nueva norma regule con mayor objetividad la obligación democrática de respetar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. El resultado, una ley inconsulta para proteger a los señalados con el examen del ojo público.
Por cierto hoy, frente al “mamotreto” de reformas, hay preocupación en todo el país porque la libertad de expresión es un derecho personal y colectivo. Es decir de todos. Por eso, para garantizar que la palabra y el pensamiento son libres en el Ecuador, el Primer Mandatario ha dicho que el veto se viene. Debe ser total, porque el veto parcial abre la posibilidad de que la Asamblea insista y apruebe la “ley mordaza”, es decir el “réquiem” a la libertad de expresión en el Ecuador.
Adolfo Coronel Illescas