El reciente paro nacional ha tenido como consecuencia positiva el legar al país una pléyade de analistas políticos, de estudiosos económicos y de constitucionalistas que desde su rincón de sabiduría bombardean al mundo con sus doctas opiniones. Desde el “Twitter” nos asaltan sesudas cifras de las pérdidas económicas que la paralización ha dejado cada día, no falta alguno que las reduce a horas, habrá otro que las compute en minutos o en segundos. Sobran los seguidores que consagran estas pobres opiniones como artículo de fe y las repiten hasta el cansancio en las redes sociales. Por su parte, quienes tienen su punto de mira en el análisis político, ponderan en los consabidos doscientos caracteres todas las razones del levantamiento y concluyen exponiendo finas e inútiles recomendaciones sobre el manejo del país. Sobre los constitucionalistas no me atrevo a hablar porque su nombre es legión y son tan variados y extravagantes sus argumentos que me parece podrían ocasionar la rendición por agotamiento de cualquier manifestante que se vea atacado por su feroz verborrea. Estos ejemplares que son tan frecuentes en las redes sociales son, en el fondo, el precio que se debe pagar por la libertad de expresión. Me adelanto a decir que, sin duda alguna, yo mismo me incluyo entre ellos.
Hay otras voces, sin embargo, que no pueden ser toleradas. Provienen de aquellos que se proclaman hijos de las carabelas de Colón y que a lo largo de todos estos días han emitido, de viva voz o por la internet, comentarios racistas de todo tipo e insultos vergonzosos contra el movimiento indígena y sus dirigentes. Marqueses y condesas de Cumbayá, duquesas y gentiles hombres de Samborondón, hidalgos de nuestras capitales de provincia, no muestran sino abolengos de estupidez y de inconmensurable pobreza moral.
Carlos García Torres
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