En América Latina y el Caribe las desigualdades sociales son profundas, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la región es considerada como un híbrido de contrastes donde se pueden observar grandes riquezas y prosperidad coexistiendo con altos índices de vulnerabilidad y pobreza extrema, Ecuador no es la excepción. Estos factores tradicionalmente se acentúan con las minorías étnico-raciales, como los pueblos indígenas marcados por una historia sistemática de minoría marginada, aislada de la mayoría y sometida a injusticias estructurales, violencias en todas sus formas y exclusión, relegando a este grupo humano a los márgenes de las sociedades careciendo de las oportunidades que gozan otros grupos y trucando así el entendimiento entre culturas y convivencia armónica.
La protesta social, como la resistencia están reconocidas y garantizadas por las normas más relevantes del Estado frente a acciones u omisiones del poder público que vulneren derechos constitucionales, sin embargo, en ninguna circunstancia la presión y utilización la fuerza, violencia o el caos pueden ser mecanismos de reivindicación de legítimas demandas sociales o resolución de conflictos en un estado de derecho como el ecuatoriano, entendiendo a la violencia o violaciones de derechos desde el estado como los manifestantes.
Ecuador es un país de opuestos, dividido, de ambientes polarizados donde la legítima protesta social puede fácilmente confundirse con la mano de fuerzas obscuras que intentan poner en jaque a la institucionalidad del Estado y con el caos intentar hacerse con el poder. El diálogo y el entendimiento serán siempre la vía para buscar transiciones hacia una política sin violencia encontrando horizontes que busquen la paz y eliminación de las formas de violencia para la convivencia social.
Santiago Pérez Samaniego
Twitter: @santiagojperezs