Un gobierno que no comunica. Un gobierno que solo justifica y no propone. Un gobierno que no define el camino a seguir durante su mandato. Un gobierno que pierde aceptación. Todas estas oraciones descriptivas pueden llegar a ser titulares y demuestran la realidad de la gobernanza de nuestro país, cuyo poder ejecutivo se ha caracterizado en mantener un país, pero no en mejorarlo. La realidad es precaria por carencia de fuentes de trabajo y delincuencia incontrolable, que no son más que el resultado de ausencia de cambios normativos en materia laboral y falta de políticas públicas determinantes en materia de seguridad.
Una Asamblea que no legisla. Una Asamblea llena de ambiciosos de poder. Una Asamblea con una presidenta deslegitimada. Una Asamblea que no atiende las necesidades sociales. Son expresiones que describen la ausencia de asambleístas que miren la realidad del país y procuren modificarla con cambios normativos estructurales mediante reformas laborales, en seguridad, en el agro e industria. Esas curules han servido para inflar el ego, defender banderas políticas y neutralizar al enemigo. No buscan el pacto político, sino la divergencia que divide al país, olvidando uno de sus mandatos, legislar.
Una Justicia en crisis. Un Consejo de la Judicatura presidida por un presidente temporal. Una Corte Nacional de Justicia con su titular suspendido. Una justicia invadida por los tentáculos políticos. Estas expresiones resumen la condición actual del sistema de justicia, que ha olvidado modificar el escenario judicial con propuestas encaminadas a que se reduzca el incumplimiento de los plazos y términos fijados para la tramitación de las causas, a contar con un mayor número de jueces, a agilizar el proceso de citación de causas.
Carlos Andrés Orellana Jimbo
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