En seis meses, la imagen del gobierno y los niveles de apoyo tienen un evidente desgaste. La última encuesta de Perfiles de Opinión establece que un 68% de ecuatorianos ve muy mal y mal su gestión; 28% lo ve como bien o muy bien; en cuanto a credibilidad, el 24% cree en la palabra del presidente.
Las razones para calificar mal al gobierno son: no hace nada o es incapaz para resolver los problemas; no cumple sus promesas de campaña, no genera empleo, no resuelve los problemas de la economía, no cumple con elevación de salarios, fomenta la elevación de los combustibles y precios de los víveres; está involucrado en el tema pandora papers.
Es evidente que existe un claro deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo. El ingreso promedio de los ecuatorianos está en USD 283, y por ningún lado se ve el incremento prometido del SBU a USD 500, ni los 2 millones de empleos. Los indicadores de pobreza, subempleo y desempleo, son altos.
No obstante, el gobierno busca cumplir con los dictámenes del FMI. Allí tenemos una proforma presupuestaria enviada a la Asamblea, donde se recorta los rubros para las áreas sociales como educación y salud; se mantiene el incumplimiento de USD 1 300 millones en este año por parte del gobierno al IESS, que se suma a la deuda del 40%; se aprobó la Ley de Desarrollo Económico (LDE) con un acuerdo entre Lasso y Correa.
Las consecuencias de la aprobación de la LDE: viabilizan la reforma tributaria del gobierno; golpea a los sectores medios que viven de su salario; se consuma el perdón de intereses por mora, hasta USD 2200 millones a grandes empresarios y banqueros (también lo hicieron Correa y Moreno); establece que los recursos que se van a recaudar no se invertirán en salud, educación, municipios; favorece al blanqueo de capitales; exoneración de impuestos a las telefónicas; etc.
Remo Cornejo Luque
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