Es falso que el gobierno haya congelado el precio de los combustibles. Lo que ha hecho es decretar una nueva elevación en sus precios afectando a la economía popular.
Fijar el precio del galón de gasolina extra en USD 2,55 y la del diésel en USD 1,90 es una medida inflacionaria que afectará el costo de los niveles de vida de la población. Estas medidas ratifican el entreguismo al FMI, al Banco Mundial, y es la expresión que se gobierna con las recetas extranjeras, sin importar la pobreza de millones de ecuatorianos.
El incremento del precio de los combustibles no tiene ningún sustento técnico, pues, no considera el superávit que tiene Petroecuador; el proceso de producción y comercialización de combustibles ha registrado una utilidad de USD 557,41 millones de 2019 al primer semestre de 2021, señala la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y el Petróleo. El sistema de bandas y el anuncio del paquetazo consolidan un incremento del 46% en el caso de las gasolinas extra y ecopaís y del 90% para el diésel desde mayo de 2020.
Los sectores organizados del país, el Frente Popular, el FUT, la Conaie, la UNE, entre otras, levantan sus voces exigiendo la derogatoria de la elevación del precio de los combustibles, así como también rechazan el alza del precio de las tarifas de transporte, anunciada por algunos sectores de la transportación.
La prepotencia y la política antipopular del gobierno no pasarán. Las calles se siguen calentando. Es necesario que Lasso gobierne para los de abajo, que cumpla sus ofertas de campaña y archive el recetario fondomonetarista de corte neoliberal; además, debe cobrar las deudas a las grandes empresas evasoras de impuestos y debe responder ante la justicia por los Pandora Papers.
Remo Cornejo Luque
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