Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en Ecuador existen 882.776 empresas y aproximadamente 8,5 millones de personas que forman parte de la población económicamente activa (PEA), es decir, personas que tienen un empleo (adecuado o precario) o que están desempleadas.
Entonces, no debería sorprendernos que cualquier reforma laboral que parezca vulnerar derechos de los trabajadores, tenga tanta resistencia. Sin embargo, antes de realizar críticas desde una búsqueda del beneficio personal, también es importante analizar las propuestas desde la otra cara de la moneda.
Lo invito a que, en lugar de pensar como trabajador, ahora lo haga como empresario, quizás como emprendedor de un pequeño negocio. Imagínese que además de los engorrosos trámites, la inversión económica y los costos fijos que cualquier empresa requiere para su funcionamiento, también debe asumir costos laborales (salario mínimo, seguridad social, beneficios de ley, indemnizaciones, etc.) que probablemente sean significativos en los ingresos de su pequeña empresa. Entonces, quizás cambie su perspectiva sobre la visión negativa que muchas veces se tiene sobre el sector empresarial (claro que hay empresas y empresas).
Los trabajadores tienen derecho a una remuneración justa, como los empresarios a una rentabilidad económica, por lo tanto, el debate de la reforma laboral es necesario para alcanzar acuerdos que identifiquen una tercera vía que solucione el problema del empleo en el país, puesto que, ni la flexibilización laboral, ni las exigencias de beneficios han podido solucionarlo.
Diego García Vélez
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