EL Ecuador vive uno de los momentos más delicados de su historia lo cual se expresa en una enorme contracción de su economía y con ello el aumento de la pobreza urbana y rural en niveles tales que nos ha hecho desandar al menos dos décadas en este aspecto, así como una crisis sanitaria, promovida por la pandemia del coronavirus, que aún está lejos de encontrar una luz en ese oscuro túnel en el que caminamos.
Pero los problemas no terminan ahí. Hay otros que también se han profundizado, como es la desinstitucionalización del Estado, escenario en el que ha avanzado la corrupción en todas sus formas. Tanto es así que desde la cárcel 4 de Quito, días atrás, despachaba, sin sonrojarse siquiera, y con la mayor naturalidad, el Defensor del Pueblo. Y como si fuera poco el alcalde Quito y Prefecta de Pichincha, muestran en sus tobillos, respectivos grilletes, que dan cuenta de sus problemas aún no aclarados con la justicia. Ni que decir del Contralor (el que está detenido y de aquel que disfruta ahora del calor y el buen ambiente en playas extranjeras).
Como vemos, donde se pone el dedo, salta el pus, ese líquido verdoso y maloliente que emite la corrupción. Por eso hay la necesidad que la ciudadanía asuma un rol activo en el combate frontal a la corrupción, caso contrario este país se podría convertir en un estado fallido, donde impere la ley del más fuerte.
De ahí que saludamos la iniciativa de la Fundación CAJE, en la persona de José Luis Ojeda, su Director Ejecutivo, quien conjuntamente con PADF-Ecuador y USAID, llevan adelante la suscripción del Acta por la Transparencia y Combate a la Corrupción, en la zona 7, y que incluye en esta cruzada al sector público, privado y ciudadanía general. Bien por ello.
Giovanni Carrión Cevallos
@giovannicarrion