A conciencia, la remoción del alcalde de Quito – Jorge Yunda, más allá de ser una actuación aparentemente legal y haberse llevado mediante un debido proceso que garantizó el derecho a la defensa y el principio de inocencia; responde a un contexto político, en el que la incompetencia manifiesta y el señalado incumplimiento de leyes y resoluciones, sólo fueron el subterfugio necesario para su salida.
Insisto, no se discute el pésimo manejo económico, ni el abuso de poder filtrado en chats, pero tampoco se puede desconocer el evidente intereses político de otros actores que hoy se posicionan como los paladines de la decencia y la moral.
Y es que en política, como en la vida, a veces lo legal no siempre es lo justo, y lo justo no siempre es lo correcto.
¿Porque digo esto? Porque en cada proceso jurídico, en los que intervienen medios de comunicación y la opinión pública, la presión por una sentencia “Políticamente Correcta” anula el buen juicio y el discernimiento real del hecho.
Más en su defecto, se evidencia que las fases y sentencias se ventilan primero, y con “objetiva perspectiva” en noticieros, en prensa escrita, o en Twitter, exponiendo la injerencia del histórico 4to poder, en temas judiciales y políticos.
En tanto vemos que la democracia también se equivoca, pues al igual que Yunda existen más de una decena de autoridades que tienen motivaciones más sustanciales para enfrentar el mismo proceso, pero a quienes las voluntades políticas, sociales y mediáticas no los han tocado.
Entonces no se trata de una búsqueda de la verdad y la justicia, sino de “corregir” la voluntad popular. Y en esa realidad el concejo de ediles lojanos podría hacer lo propio.
Jorge Gustavo Ochoa Astudillo
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