El estudio entregado por parte del Banco Mundial respecto de la salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) deja preocupaciones que han sido ampliamente recogidas por los medios de comunicación. Se dice que el déficit del fondo de pensiones, con corte al año 2021, supera los 2,300 millones de dólares y se proyecta el inicio de problemas para el pago de pensiones desde el año 2022.
Claro, algunos agoreros del desastre han amplificado este escenario con una clara intencionalidad de presentar al IESS como una carga y que, por lo mismo, debería venderse a precio de gallina enferma.
Lo que desconocen quienes encuentran en un gobierno de corte neoliberal la oportunidad para demoler las bases del seguro social en el Ecuador es lo que prevé el Art. 367 de la Constitución que dice: ‘EI sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse…’.
Entonces es evidente que con el actual marco constitucional la seguridad social y el IESS como la institución responsable de la prestación de las contingencias del seguro general obligatorio a sus afiliados, no pueden subastarse y menos arrebatarles los principios que rigen su sistema, particularmente en cuanto a la obligatoriedad y solidaridad.
No olvidemos que la seguridad social es un derecho humano de las personas y el estado tiene la obligación ineludible de proveerlo, con independencia de la situación laboral de la población. Lamentablemente aún hace falta mucho para hacer realidad lo del seguro universal obligatorio en el país.
Por lo tanto, al nuevo gobierno le corresponde fortalecer a la seguridad social. Hay que comenzar por dotarle de una estructura de gobierno y normativa técnica. Asimismo, se debe honrar la deuda y atrasos que tiene el gobierno con el IESS y que suman más de 7 mil millones de dólares.
Giovanni Carrión Cevallos
@giovannicarrion