La Función Judicial cancela por arriendo USD 8.500, cuando el presupuesto referencial es de 5.500 dólares. Loja, la tercera provincia que más paga por este rubro. Concursos públicos, detenidos.
“El Consejo de la Judicatura (CJ) no ha podido descansar de las pugnas y los escándalos políticos”, manifiesta Pablo Arturo Piedra Vivar, quien, el lunes, 19 de mayo de 2025, presentó al Pleno de ese organismo, en Quito, su renuncia irrevocable al cargo de director provincial en Loja, la cual aún no ha sido aceptada. El último viernes, 6 de junio de 2025, insistió en aquello.
Situación se complica
El profesional lojano asumió la Dirección Provincial el 23 de enero de 2024. Su nombramiento fue suscrito por el entonces presidente encargado del CJ, Álvaro Román Márquez, quien, en julio de 2024, fue remplazado por Mario Godoy Naranjo.
Con el arribo del nuevo funcionario, igualmente encargado, a decir de Pablo Arturo Piedra Vivar, el panorama se complicó en la entidad que, a propósito, debió renovarse de manera completa en enero o máximo febrero de 2025, porque los vocales se encontraban en funciones prorrogadas, pero ello no ha ocurrido aún.
Dada esta situación, el director provincial optó por dar un paso al costado. Al dejar el CJ, cuenta que su labor al frente del organismo tuvo varias facetas. La primera, a partir de su posesión en 2024, contó con todo el apoyo del presidente de aquel entonces, Álvaro Román Márquez, lo cual le permitió sacar adelante procesos que venían siendo aplazados, relacionados con la administración de la Función Judicial.
Condiciones deplorables
“Nos encontramos en Loja con un complicado Consejo de la Judicatura: edificios, vehículos, insumos, entre otros, en condiciones deplorables. Ello comunicamos a Quito y se nos dio el apoyo inmediato, habiendo intervenido de manera urgente el techo del edificio del CJ”, detalla, tras informar que en el inmueble de Celica también fueron ejecutados trabajos emergentes.
No obstante, hay mucho por hacer en la parte física de las diversas unidades judiciales de la provincia. Pablo Arturo Piedra comenta que ello se puede hacer cuando se cuenta con el respaldo de las autoridades nacionales del CJ, sin embargo, en los últimos seis meses, “por cuestiones realmente inexplicables”, no encontró apoyo alguno.
A pesar de ello, habla de consecución de obras como la primera cámara de Gesell, cuyo uso en la Función Judicial del Ecuador viene dándose desde 2007, mientras que, en Loja, pese a contar con el espacio físico adecuado, nunca se instaló.
Gastos considerables en arriendos
La Dirección Nacional Administrativa del Consejo de la Judicatura, en marzo de 2024, envía a todas las direcciones provinciales un informe integral y amplio donde se detalla el costo de los arriendos a escala del país. Allí, aparece Loja como la tercera provincia que más pagaba por concepto de este rubro, incluso con un consumo de presupuesto más que Azuay y Pichincha que tienen más funcionarios.
Esto último tiene una explicación para Pablo Piedra. En 2012, cuando fue entregado el nuevo edificio de la Función Judicial no contó con la capacidad para albergar a todos los funcionarios, que sí tuvo el demolido anteriormente que lucía: “remodelado, nuevo, eficiente”; por tanto, se buscó afuera espacios para la Corte Provincial de Justicia, el Tribunal Contencioso Administrativo, la Unidad Judicial Penal y el Archivo.
El arrendamiento de tres inmuebles, a partir de 2012 hasta 2025, originó un egreso para la Función Judicial de Loja de más de dos millones de dólares, con cuya cifra, a decir de Pablo Piedra, se hubiera construido un nuevo complejo, pero las anteriores administraciones no realizaron gestión alguna. Hasta que, al asumir el cargo y preocupado por el alto costo de los alquileres, creyó urgente sincerar los valores, llamando a un concurso público.
Presupuesto referencial
Al iniciar la fase precontractual del concurso público, aparecieron las primeras sorpresas. Pablo Piedra dice que se estableció un presupuesto referencial de 5.500 dólares, es decir, 38% menos de lo que se venía pagando por un mismo inmueble, ubicado en la calle Bolívar y Rocafuerte, y 40% menos al valor que se viene cancelando desde hace varios años: 10.000, 9.000 y, últimamente, 8.500 dólares, cuando, según el presupuesto referencial, no se puede pagar más de 5.500 dólares.
El concurso público impulsado por Piedra Vivar han sido frenado por tres ocasiones. En la primera, el CJ amenazó con iniciar sumarios administrativos si no se da de baja. También hubo quejas de los funcionarios del edificio de la ‘Bolívar’ que se resistieron a salir. Presentado este inconveniente, el director provincial lo declaró desierto y llamó a uno nuevo con el mismo presupuesto referencial de 5.500 dólares. Hubo propuestas inferiores y cuando estuvo a punto de adjudicar, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendió de oficio el proceso, sin que se dé una razón motivada. “Hubo un silencio sepulcral sobre el tema”, dice.
Nuevas declaratoria y suspensión
Pablo Piedra nuevamente declaró desierto el concurso y convocó a uno nuevo, pero, el viernes, 16 de mayo de 2025, el Sercop otra vez suspendió el proceso, igualmente, sin justificación alguna. Es en este contexto que, “ante la falta de apoyo de los funcionarios judiciales de acá, del CJ y de la falta de transparencia del Sercop, opté por presentar mi renuncia irrevocable porque llegué a la conclusión que, estando en la Dirección Provincial de la Judicatura, no quieren que termine este concurso”.
Piedra dice que, por querer administrar de la mejor manera los recursos públicos, se encontró con un bloqueo institucional por todos lados, considerándose una piedra en el zapato para los servidores judiciales de Loja, el CJ, el Sercop y el dueño del inmueble de la calle Bolívar. Es que no se explica de otra manera la razón para que haya oposición a que el concurso público de ofertas llega a su término.
Uso irresponsable
“La Ley nos obliga a realizar un concurso público, transparente, donde participen otras ofertas y la razón por la cual se hace es porque durante 15 años no se ha hecho un uso correcto y responsable de los recursos públicos en Loja y alguien tenía que hacerlo”, puntualiza.
PARA SABER
- En septiembre de 2024 finalizó el contrato de arrendamiento entre la Función Judicial y el propietario del edificio ubicado en la calle Bolívar y Rocafuerte.
- Hasta ese mes se canceló el canon de 8.500 dólares. Los meses que restan hasta el presente se pagará cuando concluya el concurso público, detenido por diversas disposiciones.
- La Función Judicial viene cancelando a la misma persona más de 10 años el valor de 8.500 dólares, cifra superior a la que establece el presupuesto referencial (USD 5.500) y la Ley de Inquilinato.
- VOZ
Hay que velar porque el canon de arrendamiento no supere el presupuesto referencial de 5.500 dólares y la siguiente etapa es la construcción de un nuevo complejo judicial en Loja”,
Mi renuncia llega con bastante agrado, sobre todo, a la presidencia del Consejo de la Judicatura porque no he sido bienvenido a su equipo”,
Pablo Antonio Piedra Vivar, director provincial del CJ
- CLAVE
La Corte Provincial de Justicia, el Tribunal Contencioso Administrativo, la Unidad Judicial Penal y el Archivo están fuera del Edificio Judicial de Loja.