En Ecuador, la propuesta presidencial de convocar a una Asamblea Constituyente reaparece como un recurso recurrente en momentos de crisis. Cada cierto tiempo, los líderes políticos intentan convencer al país de que el problema está en la Constitución, cuando en realidad el problema es más profundo: está en la cultura política, en la gestión del Estado y en la desconexión entre promesas y políticas públicas efectivas.
La historia nacional muestra que cada cambio constitucional —1830, 1945, 1979, 1998, 2008— respondió a momentos de ruptura, no siempre de renovación democrática. Las constituciones se han convertido en símbolos de refundación, cuando en realidad lo que se necesitaba era coherencia institucional, liderazgo ético y capacidad de ejecución. La de 2008, por ejemplo, es una de las más avanzadas del continente en derechos y estructura territorial, pero sus principios quedaron atrapados entre la retórica y la politización del poder.
Desde la comunicación política, la idea de una nueva constitución funciona como narrativa de esperanza: un “nuevo comienzo” que busca capitalizar el descontento ciudadano. Sin embargo, en términos de gobernabilidad, este discurso suele ser un atajo populista. No es el texto constitucional el que resolverá la inseguridad, la crisis fiscal o la desconfianza institucional, sino la voluntad política para aplicar la norma existente con eficacia, transparencia y continuidad.
Las reformas que el país necesita son de política pública: fortalecer la justicia, modernizar la educación, depurar la gestión de la seguridad, garantizar meritocracia en el servicio público y construir confianza social. Nada de eso requiere una constituyente; requiere un gobierno que comunique con verdad, que convoque a acuerdos, y que administre con visión de Estado, no con cálculo electoral.
Ecuador no necesita un nuevo papel fundacional, sino una nueva ética del poder. No necesitamos más promesas de refundación, sino un pacto cívico para cumplir lo ya establecido. La verdadera transformación no empieza con una constitución, sino con una decisión colectiva: dejar de cambiar las reglas para, por fin, cambiar las prácticas.
Pablo Ruiz Aguirre
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