La construcción de un proceso electoral demanda una larga, cuidadosa y exhaustiva planificación que tiene algunos componentes, entre ellos: económico, técnico, jurídico y logístico, todos estos corresponden irse desarrollando de forma oportuna y en cumplimiento al cronograma electoral y a la ejecución de su presupuesto. El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe contratar bienes y servicios que permita la consecución de una jornada electoral exitosa y que observe el cumplimiento de la Ley de Contratación Pública, para no caer en procesos de contratación “emergentes”.
El organismo electoral tiene la obligación imperiosa de cumplir un rol protagónico como ente rector del proceso electoral, sin embargo, vemos que entre mayorías y minorías trata de cumplir con el papel de un actor político, descuidando la organización del proceso electoral, lo cual es evidenciado por el Tribunal Contencioso Electoral a través de sus sentencias, en las que identifica la falta de motivación en las resoluciones que emite, las que se contradicen e imaginan discrecionalidad donde no existe.
El CNE debería asumir su responsabilidad histórica con el país y la ciudadanía, ya que le corresponde garantizar a través de sus actuaciones, certezas y seguridad jurídica a todos los actores que intervienen en el proceso electoral y además propender al desarrollo técnico y logístico del proceso de elecciones. Dejar de lado las visiones e intervenciones partidarias, que no convienen involucrarlas con el tratamiento jurídico, pues al CNE le compete asegurar derechos a los sujetos políticos, así también, la aplicación irrestricta de la normativa legal y el cumplimiento de los principios, caso contrario, todos estos “tropiezos” nos están llevando a deslegitimar aún más la institucionalidad en Ecuador y por ende su débil democracia.