¿Cuántas veces hemos escuchado ese argumento como justificación para votar por el magnate de turno? «Es rico, ya no necesita robar», repiten como si la fortuna sinónimo de honestidad. Pero la historia y la realidad ecuatoriana gritan lo contrario: la riqueza no sacia la codicia, la disfraza de respetabilidad.
Desde la época del cacao, cuando los «barones» de Guayaquil acumularon tierras y poder a costa del Estado, hasta el boom bananero que enriqueció a unos pocos mientras el país seguía en deuda, la élite ecuatoriana ha convertido lo público en botín privado. El sociólogo Bourdieu explica que el capital económico se traduce en capital político. No es casualidad que los mismos apellidos reaparezcan en directorios empresariales y escaños legislativos, siglo tras siglo.
La CEPAL confirma que el 70% de los escándalos de corrupción en América Latina involucran a élites. Mientras, el pueblo repite el mantra como un acto de fe: «Mejor un rico que ya tiene». Pero para desmoronar este mito es necesario recurrir a las lecciones de historia, por mencionar un caso, en 1983 cuando sucedió la Sucretización de la deuda, que para quienes desconocen; fue el proceso donde el Estado asumió la deuda de los banqueros frente a los acreedores internacionales perjudicando a la economía que alcanzó una inflación del 75% y beneficiando solo a unos cuantos empresarios que observaban satisfechos sus cuentas rebozando de ceros en Miami.
La historia en Ecuador es cíclica; el objetivo del gobierno es desmantelar el Estado, prueba de ello han sido los despidos de 5.000 funcionarios y la meta es despedir 50.000 según advierte el FUT, además de privatizar algunos sectores estratégicos ¿Realmente creemos que un político rico no roba? Lo hace, pero con elegancia: le llaman «incentivos económicos», «leyes de reactivación» o «patriotismo empresarial». El saqueo sigue ahí solo que con firma notariada y cobertura en GQ.
Jorge Abad
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