El BID aporta con el financiamiento. Entrará en vigencia el 1 de enero de 2022.
‘Procuraduría del Futuro’. Así se denomina el nuevo proyecto que viene impulsando la Procuraduría General del Estado (PGE) y cuya socialización se realizó en la ciudad de Loja, el viernes 3 de diciembre de 2021. Al evento asistieron autoridades y funcionarios de entidades públicas de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe.
En la actividad estuvo presente el procurador general del Estado, Íñigo Salvador Crespo, quien señala que el proyecto tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
‘Procuraduría del Futuro’ es, a decir de la máxima autoridad, el nuevo modelo de gestión de la entidad “que está fundamentado en un importante cambio de énfasis desde lo conflictivo, lo litigioso que es lo que la Procuraduría ha estado haciendo hasta el día de hoy fundamentalmente, hacia lo preventivo”.
Afirma que la idea de este nuevo modelo de gestión es evitar el mayor número de procesos “antes que llevar esos conflictos a procesos judiciales, pero aún así en los procesos judiciales, defenderse de la forma más eficiente”.
Desde 2022
Este nuevo modelo de gestión empezará a aplicarse desde el 1 de enero de 2022. Uno de sus componentes será “un cuerpo de procuradores del Estado”, que estará conformado por funcionarios jurídicos de todas las instituciones de la administración central, así como de los gobiernos autónomos descentralizados como prefecturas y municipios. Este cuerpo de procuradores estará regido por la PGE, y tendrá a su cargo el tema de la prevención como la defensa de los casos. “Estos aspectos principales son los temas de consultoría, es decir el asesoramiento que el Estado brinda a las entidades públicas a través de la PGE; la solución de conflictos a través de la mediación para disminuir el número de procesos; y luego la permanente capacitación a través de lo que se va a llamar la escuela de procuradores del Estado”.
Enfatiza que la defensa ya no será necesariamente con la intervención directa de la PGE, sino de los funcionarios jurídicos que están más directamente en contacto con el conflicto. Aclara que lo que se pretende es generar mayor seguridad jurídica, disminuir la conflictividad estatal a nivel judicial, y “reducir también el pasivo contingente que para las finanzas públicas representa la cantidad de procesos judiciales, arbitrales, de Derechos Humanos que tenemos en tribunales nacionales e internacionales”.
VOZ
“Este es un proyecto al que le hemos puesto mucho empeño” Íñigo Salvador Crespo, procurador general del Estado