La reforma al Código de la Democracia recientemente aprobada por la Asamblea Nacional representa un serio retroceso para los derechos políticos de las mujeres en Ecuador. Al dejar en entredicho la obligatoriedad de la paridad de género en las listas electorales, se pone en riesgo uno de los avances más significativos en la construcción de una democracia representativa e inclusiva.
La paridad no es un favor ni una cuota simbólica, sino un principio de justicia que reconoce siglos de exclusión sistemática. Gracias a la lucha constante de mujeres, se logró establecer normativas que garantizan su participación política en condiciones de igualdad. Cuestionar ahora ese derecho es un acto de violencia institucional y una muestra de cómo persisten las resistencias al cambio dentro de los espacios de poder.
La representatividad no puede ser parcial ni opcional. Una democracia auténtica requiere de la participación equitativa de todos los sectores, especialmente de aquellos históricamente marginados. Desmantelar la paridad es perpetuar un sistema excluyente e injusto.
El deber de los legisladores no es facilitar retrocesos, sino garantizar y ampliar derechos. Por eso, esta reforma no solo debe ser rechazada, sino revertida. La ciudadanía tiene el derecho y el deber de exigir que se respete la equidad como principio fundamental.
Defender la paridad es defender el presente y el futuro de un país verdaderamente democrático.
Santiago Ochoa Moreno
wsochoa@utpl.edu.ec