La alcaldesa de Loja denuncia a los transportistas en la Fiscalía

La alcaldesa de Loja, Diana Guayanay, acudió en horas del mediodía de este miércoles a la Fiscalía.
La alcaldesa de Loja, Diana Guayanay, acudió en horas del mediodía de este miércoles a la Fiscalía.

La alcaldesa del cantón Loja, Diana Guayanay Llanes, presentó este miércoles 20 de mayo de 2026 una denuncia en la Fiscalía Provincial en contra del Consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja. El presunto delito que pretende que se investigue y sancione es el de paralización de servicio público, contemplado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La denuncia se presentó cuando la ciudad vivió su segundo día sin el servicio de transporte urbano, escenario que se deriva de la denominada “medida de resistencia” del Consorcio por la no alza de la tarifa del pasaje urbano.

El gremio del transporte urbano anunció la noche del lunes 18 de mayo la decisión de iniciar esta “medida de resistencia” para expresar su reclamo porque no se ha dado paso a las nuevas tarifas de 0,36 centavos de dólar la general y 0,18 la media para estudiantes, personas con discapacidad y tercera edad.

Denuncia

Diana Guayanay Llanes acudió a la Fiscalía Provincial en horas del mediodía en compañía de Daniel Sempértegui Coronel, procurador síndico del Municipio. La alcaldesa señaló que su presencia en el ministerio público es para defender “los derechos de los ciudadanos”. Reiteró que no permitirá que se vulneren los derechos de los ciudadanos en lo que son servicios básicos, como el transporte público.

“Dentro de mis competencias en el Cootad, Procedimiento Parlamentario y en la misma Constitución, hemos puesto la denuncia en Fiscalía y esperamos que se reanude lo antes posible por parte de los transportistas este servicio”, explicó.

  • PARA SABER

El artículo 346 del COIP, referente a la paralización del servicio público, indica que “la persona que impida, entorpezca, o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con una pena privativa de libertad de uno a tres años”.

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