El debate adquiere una dimensión distinta cuando ese material es utilizado para entrenar modelos de inteligencia artificial.
La inteligencia artificial puede escribir, generar imágenes, reproducir estilos y procesar grandes cantidades de información en segundos. Pero detrás de esa capacidad existe una pregunta que todavía genera más dudas que respuestas: ¿de dónde proviene todo aquello con lo que estos sistemas aprenden?
Para Alejandro Moreno, docente de la escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), buena parte de la respuesta está en la producción humana: libros, fotografías, diseños, música y también conocimientos y expresiones culturales que durante generaciones han sido preservados por comunidades, pueblos y nacionalidades.
Interrogantes
El debate adquiere una dimensión distinta cuando ese material es utilizado para entrenar modelos de inteligencia artificial.
Moreno explica que aprender de una obra no es necesariamente equivalente al proceso técnico que realiza una máquina, que puede implicar copiar, almacenar y procesar millones de contenidos. En Ecuador, sostiene, este escenario plantea interrogantes sobre la aplicación de las normas de propiedad intelectual y la ausencia de una excepción específica para la minería de textos y datos.
La discusión se vuelve todavía más compleja cuando los datos de entrenamiento incluyen conocimientos tradicionales. Una iconografía shuar, un canto sápara o un diseño otavaleño no necesariamente pierde su protección por encontrarse publicado en internet. De acuerdo con el análisis del docente, la Constitución ecuatoriana reconoce derechos colectivos sobre los conocimientos, innovaciones y prácticas de pueblos y nacionalidades, por lo que su disponibilidad digital no debería interpretarse automáticamente como autorización para su explotación comercial.
El desafío
El problema, entonces, no se limita a determinar quién es el autor de una obra. También implica preguntarse qué ocurre cuando un conocimiento colectivo es incorporado a una tecnología comercial sin que sus custodios tengan mecanismos claros para conocer, autorizar o reclamar por ese uso.
Moreno advierte que el desafío adquiere mayor complejidad por la participación de corporaciones tecnológicas que operan a escala internacional y cuyos modelos pueden ser entrenados con información almacenada en distintos países. La falta de transparencia sobre los corpus utilizados, las dificultades para establecer responsabilidades frente a servidores extranjeros y la ausencia de mecanismos específicos para reconocer posibles daños culturales colectivos generan vacíos en la aplicación práctica de las normas.
Frente a este escenario, el docente plantea una ruta basada en tres acciones: identificar qué conocimientos y obras están siendo utilizados, establecer mecanismos de reparación cuando corresponda y actualizar el marco legal para responder a las nuevas formas de explotación digital.
La inteligencia artificial plantea así un desafío que va más allá de la innovación tecnológica. También obliga a revisar cómo se protege el trabajo creativo, quién puede decidir sobre el uso de los conocimientos colectivos y qué mecanismos existen para evitar que el patrimonio cultural termine convertido en materia prima de productos sobre los cuales otros tienen el control.