Nada más patético que la desesperación que expresaron los rostros de los asambleístas del correísmo, quienes no pudieron evitar que Carlos Pareja Yannuzzelli (Capaya), pieza clave de la red de corrupción liderada por el expresidente Correa, se presente a declarar en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Los efectos de las declaraciones de Capaya fueron demoledores en contra de la estrategia asumida por Correa de presentarse como víctima de la persecución de la justicia politizada. Quedó claro que el expresidente no solo conoció los actos de corrupción de su equipo de trabajo más cercano, sino que los encubrió e, inclusive, los promovió.
No todo lo que Capaya afirmó es una novedad. Ya la sentencia por el Caso Sobornos 2012-2016 condenó al expresidente Correa por ser líder de una organización criminal, que obtenía recursos ilícitos de los procedimientos de contratación pública. Lo que sí aclaró Capaya es que los fiscales se guardaron la información que él les entregó, como parte de su colaboración eficaz, acerca de las prácticas delincuenciales de quienes gobernaron el país durante la “década saqueada”.
Los correístas no pudieron quedar peor. Trataron de deslegitimar las declaraciones de Capaya argumentando que se trata de un delincuente sentenciado; pero, se olvidaron de que el expresidente también tiene sentencia ejecutoriada por los mismos delitos y, lo que es más grave, se encuentra prófugo de una justicia a la que nunca se enfrentó.
Gustavo Ortiz Hidalgo
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