Plantea alternativas para continuar obra. Sobre informe, jurisconsulto dice que ello resolverá la Contraloría; teme sea un show para distraer la realidad.
Cada día se lo escucha más convencido al alcalde del cantón Loja, Franco Antonio Quezada Montesinos, de declarar unilateralmente terminado el contrato con la empresa Simar Constructores, que tiene a su cargo la tarea de asfaltado de 10 barrios de la urbe, cuyo monto supera los 14 millones de dólares.
Preocupación en El Rosal
La idea la viene manifestando en las reuniones de trabajo que tiene con los barrios, siendo uno de ellos El Rosal, hacia donde acudió para hablar sobre el tema asfaltado, a cargo de Simar, donde los habitantes se encuentran preocupados y molestos por el anuncio de la compañía de suspender las actividades.
El burgomaestre incluso anuncia que, tras dejar sin efecto el contrato, se buscará otras alternativas como solicitar los servicios de una nueva empresa o realizar la obra por administración directa.
Vale recordar que el acuerdo entre el Municipio y la compañía fue suscrito en agosto de 2021, para el asfaltado de 10 barrios, con un plazo de dos años, que concluyó ya el mes anterior, sin embargo, la obra no ha sido entregada y hay vientos de una suspensión. El monto supera los 14 millones de dólares y se dice que finalizaría en diciembre de este año.
Un informe de la Comisión
Paralelamente a estos vientos de paralización del asfaltado en los barrios, la Comisión de Legislación y Fiscalización del Cabildo, el lunes, 11 de septiembre de 2023, presentó un informe en donde detalla algunas novedades, relacionadas con el contrato inicial, de 2021, y del contrato complementario, este último firmado por la entonces alcaldesa, Patricia Picoíta.
Los miembros de la Comisión, John Espinosa, Pablo Carrión y Pablo Quiñónez, recomiendan enviar el informe a los organismos de control: Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, para el establecimiento de responsabilidades.
Esto último, en criterio del jurisconsulto lojano, Luis Cuenca Medina, dentro del ámbito de la legislación y fiscalización, los concejales deben acudir a la Contraloría General del Estado con la documentación donde han descubierto las irregularidades para que esta entidad, luego de una investigación: escuchando a las partes, determine las responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.
A la Fiscalía
Asimismo, indica que, de acuerdo a la tarea de fiscalización, los ediles están facultados también para acudir a la Fiscalía a presentar la denuncia respectiva para el inicio de la investigación a fin de determinar la culpabilidad o no.
Cumplido todo el proceso, dice Luis Antonio Cuenca, el cantón Loja sabrá si la anterior administración municipal trastocó la ley o simplemente se trata de un show para distraer la nula acción ejercida por la alcaldía que “nos ha sumido completamente en el abandono y no tenemos nada, absolutamente nada, respecto a la acción municipal que sea digno de aplaudir”.
VOZ
“La actual alcaldía nos ha sumido en el abandono y no hay nada que sea digno de aplaudir”,
Luis Cuenca Medina, jurisconsulto lojano