La democracia no se sostiene únicamente en el acto de acudir a las urnas; reside en la garantía previa de un tablero electoral donde la libre participación y la oposición no estén condicionadas al arbitrio del poder de turno. En Ecuador, la actuación de los organismos electorales el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha vuelto a encender las alarmas tras las decisiones que cierran el paso a alianzas políticas emergentes y a la inscripción de candidaturas de contrapeso. El caso de la suspensión del Movimiento Amigo plataforma que abría el casillero para cuadros y alianzas con la Revolución Ciudadana (RC5) y otros sectores deja al descubierto un patrón recurrente de judicialización e inhabilitación administrativa en momentos clave del calendario electoral. Mientras desde el discurso oficial se abandera la transparencia, las medidas cautelares, suspensiones de última hora y bloqueos de registros terminan operando como un filtro político. Cuando el arbitrio institucional se alinea con la conveniencia del Ejecutivo para restar opciones en la papeleta, el derecho constitucional a elegir y ser elegido queda severamente vulnerado. El CNE pasa de ser un árbitro imparcial a un embudo que selecciona quiénes pueden competir y quiénes deben quedar fuera del juego. Esta asfixia a la representación no solo perjudica a una tienda política específica; desmantela el principio fundamental del contrapeso. Sin una oposición con plenas garantías para canalizar el descontento popular, la pluralidad se reduce a una simulación. Un proceso electoral que restringe participantes mediante resoluciones administrativas cuestionadas pierde legitimidad desde su origen. Si las instituciones encargadas de velar por la democracia se transforman en barreras para el ejercicio político, el mensaje hacia la ciudadanía es devastador: el poder no se disputa en las urnas, se administra en los despachos.
Marco A. González N.
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