Las ciudades modernas enfrentan el desafío de armonizar la salud pública con el respeto por la naturaleza. En ese contexto, el reciente debate sobre las palomas de Loja merece una reflexión que trascienda los calificativos y se sitúe en el terreno de la Constitución.
La evidencia científica reconoce que estas aves pueden albergar determinados microorganismos; sin embargo, también establece que el riesgo para la población general es bajo cuando existen condiciones adecuadas de higiene. Por ello, las políticas públicas deben sustentarse en criterios técnicos y no en expresiones que desvaloricen la vida.
La paloma ha sido, durante siglos, un símbolo universal de paz, esperanza y reconciliación. Ecuador, además, dio un paso histórico al reconocer en los artículos 71 al 74 de la Constitución los derechos de la naturaleza. La Corte Constitucional, en la Sentencia No. 253-20-JH/22 (caso Estrellita), reafirmó que los animales silvestres merecen protección dentro de este marco constitucional. A ello se suman compromisos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que obliga a conservar la biodiversidad mediante un manejo responsable.
Con frecuencia llevo a mi hijo Adler, de apenas dos años, a las plazas de Loja. Ver su alegría mientras alimenta a las palomas me recuerda que el respeto por la vida comienza en la infancia. Es en esos pequeños gestos donde se forman ciudadanos capaces de convivir con empatía y responsabilidad.
Defender la salud pública y proteger la naturaleza no son objetivos opuestos. Un Estado constitucional debe encontrar el equilibrio entre ambos, actuando con evidencia científica, proporcionalidad y humanidad.
Frank Castillo Ramírez
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