El ejercicio de la fiscalización en el Ecuador ha entrado en una dimensión sumamente peligrosa. Tradicionalmente, quienes investigaban al poder de turno sabían que el riesgo se asumía en primera persona, a través de la confrontación discursiva o legal. Sin embargo, el reciente y alarmante caso del periodista Hernán Higuera marca un quiebre ético en la relación entre el Gobierno de Daniel Noboa y la prensa independiente. Tras liderar una investigación periodística en torno al denominado caso Progen, Higuera se vio obligado a suspender su trabajo de forma pública. La razón detrás de su retiro forzoso no provino de una falta de sustento en sus denuncias, sino de una represalia indirecta y devastadora: el despido de su esposa de una institución pública y el retiro de la plaza médica de su hijo como interno hospitalario. Esta estrategia de asfixia no busca rebatir los hechos con argumentos, sino quebrar la voluntad del investigador tocando su círculo más íntimo y vulnerable: sus seres queridos. Cuando el poder estatal utiliza las instituciones y los puestos públicos como armas de castigo personal, la libertad de expresión deja de ser un derecho garantizado y se transforma en un acto de heroísmo prohibitivo. La gravedad de silenciar a través del entorno familiar radica en el efecto disuasivo y paralizante que inyecta en toda la sociedad. El mensaje implícito del Ejecutivo es tajante: la disidencia o el escrutinio a la gestión oficial no se toleran, y el costo por no alinearse al agrado presidencial lo pagarán quienes están en casa. Una democracia saludable exige contrapesos firmes, donde la fiscalización no sea interpretada como un ataque personal, sino como un requisito de transparencia indispensable. Doblegar el periodismo mediante el hostigamiento familiar degrada la institucionalidad y sumerge al país en un preocupante oscurantismo informativo, donde el miedo se convierte en la principal herramienta de gobernanza.
Marco A. González N.
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