La propuesta de modificar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para exigir que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) asignen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión en obras y restrinjan el gasto corriente al 30 % ha provocado un amplio debate nacional. Desde el Ejecutivo se plantea como una medida para reforzar la disciplina fiscal y priorizar infraestructura; sin embargo, surge una pregunta necesaria: ¿qué efectos tendrá en los programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables?
El gasto corriente cumple una función esencial. Permite financiar centros infantiles, actividades deportivas y culturales, atención comunitaria en salud y apoyo a familias en situación de riesgo. Una aplicación estricta de la norma podría afectar estos servicios, especialmente en municipios con limitada capacidad de generar ingresos propios y alta demanda social.
La experiencia de Loja demuestra que el análisis requiere matices. Una investigación sobre la dependencia financiera de los cantones entre 2000 y 2009 determinó que, en el período 2000–2005, el Municipio de Loja presentó menor dependencia de las transferencias del Gobierno Central frente a otros cantones y años posteriores. En términos concretos, el presupuesto se sustentaba en mayor proporción en ingresos locales, lo que facilitó ejecutar proyectos que todavía influyen positivamente en el desarrollo urbano y social.
El debate, por tanto, no debe centrarse únicamente en porcentajes. El verdadero reto está en la gestión pública: optimizar recursos, eliminar gastos innecesarios, fortalecer la recaudación sin elevar impuestos y priorizar inversiones con impacto sostenible. Gobernar implica transformar el presupuesto en un instrumento de desarrollo. De ahí la importancia de evaluar con responsabilidad a los futuros candidatos seccionales, privilegiando experiencia administrativa, capacidad técnica y compromiso con el equilibrio financiero y el bienestar social.
Mayra García Calle
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