En 1787 se expidió la Constitución de la democracia moderna más antigua del mundo: la de los Estados Unidos de América. Dicha Constitución se mantiene vigente hasta la actualidad. Ha tenido 27 enmiendas, pero su texto central no ha sido modificado. Las primeras 10 enmiendas son conocidas como la Carta de Derechos y fueron adoptadas simultáneamente en 1791. Las 17 enmiendas restantes fueron añadidas entre 1795 y 1992.
El Ecuador nació como Estado independiente en 1830, luego de disuelta la Gran Colombia. Desde esa fecha hasta la actualidad nuestro país ha expedido 20 constituciones, sin contar con los cientos de reformas constitucionales. La última Constitución, que actualmente está vigente, data del 2008 y fue expedida por una Asamblea Constituyente cuya abrumadora mayoría respondió a las órdenes del expresidente Rafael Correa. Este mamotreto le permitió al caudillo concentrar los poderes del Estado, abusar de ellos e institucionalizar la corrupción.
De ganar el sí en la pregunta 4 de la próxima Consulta Popular, convocada por el presidente Daniel Noboa, el Ecuador deberá calentar sus motores para ir hacia la Constitución número 21. ¿Será esta la definitiva? Seguramente no, porque en el Ecuador, al contrario de lo que pasó en EE. UU., las constituciones han respondido a los intereses oligárquicos, caprichos de caudillos o proyectos políticos autoritarios, entre otras razones.
No es difícil concluir que una nueva Constitución no va a solucionar, por sí misma, los graves problemas nacionales. Si bien tendríamos la oportunidad histórica para liberarnos de la Constitución correísta, podríamos engendrar otro monstruo, a la medida de los nuevos intereses hegemónicos. Si ya no hay otro remedio debemos elegir mejor: asambleístas constituyentes dignos de representarnos, que no doblen la cerviz frente al poder y que defiendan, con altivez, los grandes intereses nacionales.
Gustavo Ortiz Hidalgo
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