Miembros de seguridad acompañan para que se ejecute la obra que la realiza el Municipio de Loja.
El Municipio de Loja retomó la semana anterior las intervenciones en el proyecto Jardines de Punzara, con el objetivo de entregar los terrenos con servicios básicos a 635 familias, quienes podrán construir sus viviendas según sus posibilidades.
“Los trabajos se ejecutan con normalidad”, aseguró Henry Agurto, gerente de Vivem, quien destacó que cuentan con un plan de contingencia respaldado por otras entidades estatales, además de todos los permisos necesarios para la obra.
Pese a ello, persisten algunas voces en desacuerdo con la ejecución del proyecto. Al respecto, Fernando Villagómez, director de Seguridad Ciudadana, informó que el plan operativo de seguridad, aprobado por el Consejo Cantonal de Seguridad, está en marcha. “Llevamos más de una semana con la presencia de funcionarios de seguridad y no se han registrado inconvenientes”, puntualizó.
Agurto subrayó que los predios son propiedad del Municipio de Loja. “Hemos presentado todos los documentos, incluido el registro de propiedad a nombre de la Empresa Pública de Vivienda”, afirmó, añadiendo que trabajan conforme a la legalidad y respetando las normativas vigentes.
Detalles y disputas legales
El proyecto Jardines de Punzara se inició en 2019, durante la administración del fallecido exalcalde Jorge Bailón Abad. Sin embargo, hasta la fecha no se ha alcanzado una solución definitiva debido a una disputa legal en curso.
Según una de las beneficiarias, los futuros propietarios ya han pagado el 30% del valor acordado cuando el proyecto se planteaba como un conjunto habitacional. Posteriormente, debido a múltiples obstáculos, se decidió transformarlo en un proyecto de lotes con servicios básicos. “Hemos cumplido con los pagos y somos los legítimos dueños de los terrenos”, sostuvo, al tiempo que solicitó celeridad a la Corte de Justicia en la resolución del caso.
El conflicto radica en un reclamo presentado por un grupo de exsocios de la Asociación de Mineros Fundadores de Nambija, la cual dejó de operar en 2013, pero que después se volvieron a regularizar con nuevos socios. Según José Paúl Luzuriaga, abogado de este colectivo, se está investigando un presunto delito de peculado relacionado con la adquisición de los terrenos. “Contamos con pruebas de posesión y otros derechos para solicitar la nulidad del contrato de compraventa”, declaró.
A pesar de las tensiones legales, los trabajos avanzan con el objetivo de beneficiar a las 635 familias que esperan contar con un lugar para construir sus hogares.
CLAVE
Empezaron alrededor de 800 beneficiarios en el proyecto y durante los 6 años de lucha han resistido 635 familias lojanas.